La reforma laboral y los salarios de tramitación

15/02/2012

¿El Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, ha eliminado los salarios de tramitación?.

Los salarios de tramitación son los que se generan desde la fecha de extinción del contrato de trabajo hasta la fecha de la sentencia que declara el despido improcedente (desde que es despedido el trabajador hasta que se dicta la sentencia).

El artículo 18.8 del Real Decreto-ley 3/2012 de reforma laboral modifica la redacción del art. 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, que pasa a tener la siguiente redacción:

«2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación».

Cuando un trabajador es despedido, si considera injustificado el acto, puede plantear una demanda ante el Juzgado de lo Social. Llegado el día del juicio y analizados los motivos aducidos por el empresario y las alegaciones del trabajador, si el juez declara improcedente el despido, la empresa puede optar entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones que venía disfrutando hasta la fecha, o abonarle la indemnización que corresponda.

El Gobierno justifica la desaparición de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes en los que el empresario opte por la indemnización, en que el tiempo de duración del proceso judicial no parece un criterio adecuado para compensar el perjuicio que supone la pérdida del empleo, pudiendo, además, el trabajador acceder a la prestación de desempleo desde el mismo momento en que tiene efectividad la decisión extintiva. Además, los salarios de tramitación pueden actuar en ocasiones como un incentivo para estrategias procesales dilatorias.

Antes de la reforma laboral, tanto si el empresario optaba por la readmisión como por la indemnización, el trabajador tenía derecho al abono de los salarios de tramitación, es decir cobrar el salario normal de los días transcurridos entre el despido y la sentencia, como si hubiese estado trabajando.

Entonces, ¿qué ha cambiado? que a partir del 12 de febrero de 2012, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto Ley el trabajador sólo tendrá derecho a ellos en el caso de que el empresario opte por la readmisión. En caso de que opte por la indemnización, se abonará la cantidad que corresponda y listo.

El despido improcedente pasa a tener un mayor coste para el trabajador:

  • Dejará de percibir los salarios de tramitación, en caso de ser reconocido el despido como improcedente por el Juez si el empresario no opta por la readmisión.
  • El trabajador tendrá que incurrir en unos gastos de abogado para reclamar el pago de la indemnización, dado que, a partir de la reforma, pocos empresarios querrán reconocer la improcedencia del despido, en el momento de producirse la extinción. Con anterioridad a la reforma, en la mayor parte de los despidos el empresario reconocía la improcedencia y abonaba la indemnización (conocido como despido express) evitando que el trabajador tuviera que costearse un proceso judicial para obtener una declaración de improcedencia.
  • Mayor demora en el cobro de la indemnización. Con anterioridad a la reforma el despido express obligaba al empresario a entregar la indemnización al trabajador, en el momento de producirse el despido, si no quería arriesgarse a soportar los salarios de tramitación, en cambio en la actualidad, el empresario podrá proceder a notificar el despido, sin tener que pagar la indemnización hasta que una sentencia judicial le obligue. La reforma supondrá de hecho una demora de varios meses en el abono de la indemnización.

Hay que señalar que si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la opción entre indemnización o readmisión corresponderá siempre al trabajador, y tanto si opta por una opción u otra, si que tendrá derecho a los salarios de tramitación.

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